El incremento de los operativos significa un endurecimiento frente a la política de Barack Obama.
NACIONAL
La Casa Blanca anunci9ó a través de Twitter que el aumento de las redadas para detener indocumentados responde a las promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de los que serán deportados son “miembros de bandas y traficantes de droga”.
“La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, aseguró el mandatario.
El Ejecutivo federal firmó el 25 de enero dos órdenes ejecutivas migratorias que, además de exigir la construcción de un muro con México, pedía el aumento de agentes para acelerar las redadas en busca de indocumentados, en las que ponía acento en personas con antecedentes criminales, pero también faltas menores sin sentencia.
Eso supone un endurecimiento de las deportaciones con respecto a la anterior administración de Barack Obama, que daba prioridad a las de personas con condenas criminales.
En los últimos días, patrullas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han aumentado las redadas en busca de indocumentados en siete estados, en las cuales, según testigos y organizaciones de inmigrantes, se han procesado para la deportación no solo a personas con antecedentes.
El miedo se ha extendido por las principales ciudades estadounidenses con importante presencia de inmigrantes, al igual que las protestas por todo el país. Funcionarios de inmigración y policiales han negado que las redadas sean un intento coordinado de acelerar deportaciones y han asegurado que es mera “rutina”.
En Nueva York casi 40 inmigrantes fueron detenidos la semana pasada en medio de un aumento de las redadas, según dijo la ICE. La cifra figura en un documento oficial con fecha del sábado y filtrado este domingo a la prensa por activistas.
Las autoridades defienden que las operaciones apuntaron directamente a “fugitivos” de los servicios de inmigración, personas que volvieron al país tras ser deportados y “criminales extranjeros en general”.
Según el ICE, un 95 por ciento de los detenidos tenían historiales delictivos y las acciones se centraron en personas que suponen una amenaza para la seguridad pública, “como criminales extranjeros con condenas y miembros de pandillas”. Las autoridades, sin embargo, incluyen también en ese grupo de personas peligrosas a “individuos que han violado las leyes de inmigración del país”.
Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, expresó su apoyo a todos los inmigrantes que viven en la ciudad, “documentados o indocumentados”. “Vamos a usar todas las herramientas a nuestra disposición para protegerlos de cualquier exceso federal”, dijo De Blasio.
Nueva York, como otras grandes urbes, está considerada una ciudad santuario, pues protege de la deportación a los indocumentados.
El asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, defendió la suspensión del programa de refugiados y el veto a la entrada de personas de siete países musulmanes, además afirmó que explorarán todas las opciones para acabar con la “usurpación de poder” de la justicia.
Miller aseguró a varios canales que la decisión de un juez de distrito de detener la orden ejecutiva de veto migratorio fue “ideológica” y no tiene base, ya que el presidente tiene la autoridad constitucional.
En entrevista con el canal ‘ABC’, Miller dijo: “Un juez de distrito no puede forzar al presidente de EE. UU. a cambiar las leyes y la Constitución con base en sus opiniones personales. El presidente puede suspender la entrada de extranjeros cuando es de interés nacional”.
Miller dijo que consideran diferentes cursos de acción, entre ellos pedir una nueva vista de emergencia ante el Noveno Circuito, recurrir al Tribunal Supremo o redactar una nueva orden ejecutiva que no suspendan los tribunales.
Mientras tanto en México, el pasado domingo, miles de personas protestaron contra las políticas del presidente estadounidense, que incluyen deportar en masa a mexicanos, dar continuidad a la construcción del muro fronterizo e incluso cancelar tratados comerciales con el país.
En la marcha también se escucharon protestas en contra del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que tiene los peores niveles de popularidad de su mandato, empañado por escándalos de corrupción, inseguridad, pobreza y el incremento del precio de la gasolina. “Tenemos que exigirle a Peña que haga un papel digno, que nos defienda como representante del país”, dijo Maricarmen Quiroz, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México.