Los hechos están demostrando que el plan de arrestos y deportación de la nueva administración no será selectivo de criminales; vienen con todo contra los 11 millones.

Por Hugo Laveen

El programa de deportaciones de la Casa Blanca ya está funcionando. La orden ejecutiva que lo desencadenó sustenta: eliminar las prioridades de sentido común para la deportación, es decir no es específico sobre el arresto, la detención y deportación de indocumentados con antecedentes criminales; sino que vuelve vulnerables a los 11 millones, incluyendo los jóvenes acogidos al programa DACA.
Estamos frente a una estrategia de deportación masiva, es momento para hacer todo lo posible por detenerla, antes de que la bola de nieve empiece a rodar en cuesta abajo.
Hasta el momento se están preparando las bases para lo que sería una rastrillada de miles de inmigrantes. Mientras que en la legislatura la mayoría republicana está lanzando numerosas propuestas legislativas que ahorcarían la situación de los inmigrantes sin documentos; ciudades como Phoenix dieron la espalda a la petición de convertirla en ciudad santuario y de esa manera contrarrestar los efectos de la SB 1070.
En noviembre pasado, el Alcalde Greg Stanton dijo que no iba a permitir que la policía se convirtiera en una fuerza de deportación; pero falló su memoria y loa tarde del miércoles apoyó lo contrario.
Las perspectivas para ciudades como Phoenix, con un porcentaje de indocumentados bastante notable, con la reactivación de los ‘poli-migras’, y después que el cabildo rechazó con 7 votos contra 2, la ciudad santuario; resulta muy vulnerable; cuando en estos momentos el gobierno federal está realizando redadas en varias de las ciudades que si se declararon santuario de inmigrantes como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
La estrategia, inicial, es la de medir las reacciones de la comunidad frente a las deportaciones de inmigrantes sin documentos que no encajan dentro del perfil de criminales; y la reacción ha sido demasiado tibia.
El primer golpe se dio en Phoenix, con la detención, deportación y separación de sus hijos nacidos estadounidenses de Guadalupe García de Rayos. Ella acudió la semana pasada a su cita regular de revisión, algo que ha hecho durante años, después de haber caído en una de las redadas del ex sheriff Joe Arpaio, y en solo 48 horas ya había sido deportada a México.
Después de esa deportación, no es de esperarse que las personas que se encuentran en igual situación de García de Rayos, vuelvan a confiar y acudir a las citas regulares de ICE. Ya se dio el caso en Colorado de Jeannette Vizguerra, trabajadora doméstica, madre de cuatro hijos y activa en la defensa de los inmigrantes; ella, como García de Rayos, considerada de baja prioridad para deportación, tenía una cita programada con ICE. Ya no acudió, sino que prefirió buscar el refugio de una iglesia.
Otro caso que acaba de ocurrir es el de Miguel Ángel Torres, empresario en Texas, padre de familia e inmigrante indocumentado, quien fue detenido esta semana, supuestamente porque fue confundido con su cuñado que debía unas multas de estacionamiento. Torres había ido a dejar a sus hijas a la escuela cuando fue arrestado, y después de que se demostró que no era él sino su cuñado a quien buscaban, de todas maneras lo dejaron detenido en espera de ser deportado.
El caso más reciente es el de Daniel Ramírez Medina en Seattle, Washington. Un joven de 23 años, acogido al programa DACA que fue arrestado y detenido pese a no tener ningún antecedente penal y después de haber sido investigado y aprobado dos veces por el Departamento de Seguridad Nacional. Esta detención deja ver que los 750,000 jóvenes inmigrantes acogidos a DACA, están en riesgo de ser detenidos y deportados en cualquier momento.
Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, cuestionado sobre la materia, dijo: “Seamos claros. El presidente, DHS y ICE –con el silencioso consentimiento de los republicanos en el Congreso– seguirán hablando sobre los malos elementos, aun cuando deporten a inmigrantes que no lo son. La orden ejecutiva del presidente aniquila todo indicio de prioridad, lo que significa que un muchacho con DACA o una joven mujer que alimenta a su familia trabajando con documentos falsos son tratados igual que a un asesino. La Fuerza de Deportación de la Casa Blanca ha recibido luz verde para arrestar, detener y deportar a todos y cada uno de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos.