Abogado Bruce Spiva, la lucha legal por una verdadera democracia.

El abogado Bruce Spiva, quien representa legalmente al Partido Demócrata, dio a conocer esta semana que buscaría la intervención de los tribunales federales para tratar de revocar la prohibición de la recolección de votos y para asegurar que los sufragios que sean emitidos en el recinto equivocado, no sean desechados sino que cuenten como votos, ya que en realidad representan la voluntad de un sufragante en preferencia al candidato señalado, aunque a la hora de depositarlo se equivoquen de urna o simplemente sean mal informados por algún ‘pilluelo’ de esos que les gusta inclinar el fiel de la balanza.
Spiva ha dicho que quienes más incurren en ese tipo de equívocos, son los miembros de las minorías, muchas de las veces por su falta de fluidez en el idioma o por ser nuevos votantes y no estar familiarizados con el sistema; y estas personas, no se requiere una varita mágica para adivinarlo, por lo regular votan demócrata; claro, habrá alguno por ahí que le guste dar de patadas al pesebre, pero una golondrina no hace verano.
Los legisladores lo saben, pero como la Legislatura desde hace algunos eclipses es controlada por republicanos, han aprovechado para fabricar leyes y asegurarse de anularle tantos votos como sea posible a sus principales contrincantes; y es que su primer interés no es defender los principios democráticos e imponer la legítima voluntad de las mayorías, sino perpetuarse en el control de los palacios legislativos y seguir siendo mayoría, ahí donde se toman las decisiones.
El año pasado la legislatura republicana aprovechando su capacidad para mayoriquear, convirtió en un delito grave que una persona tome la boleta temprana de otra persona en un lugar de votación. Esto les aseguraba que no habría brigadas de promotores del voto haciendo llegar las boletas a los hogares de ancianos y personas discapacitadas con derecho al voto, pero con pocos recursos para desplazarse y acudir personalmente a esos lugares; lo cual, usted y yo sabemos a que partido beneficia.
Y como diciendo: ‘ese caramelo no nos lo quitan de las manos”, Sara Agne, la abogada del Partido Republicano de Arizona, ha dicho que los legisladores tenían derecho a poner en práctica procedimientos destinados a prevenir el fraude… “¡El burro hablando de orejas!” como hubiera dicho don Isabelito.
Tomando en cuenta no solo que tendrá que dar la pelea contra Agnes, que ya reveló cuales serán sus argumentos, sino en el control republicano que sigue existiendo en la gran mayoría de las instancias del sistema judicial, personalmente veo una dura pelea para Spiva y los demócratas, pero hay que darla.
Ya el año pasado en un primer round que se peleó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el juez Douglas Rayes se negó a impedir que el Estado hiciera cumplir la ley mientras se debatían sus méritos legales. Lo que dijo el Juez Rayes fue que no había ‘evidencia cuantitativa’ para demostrar que las minorías tenían más posibilidades de ser meas lastimadas que las mayorías, con esa maniobra legal.
La Corte de Apelaciones del 9no. Circuito de Estados Unidos, también el año pasado en San Francisco, pensó lo contrario y acordó ordenar la aplicación. Pero esa decisión fue suspendida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los jueces concluyeron que no querían hacer un cambio tan radical tan cerca de las elecciones del año pasado.
Mientras tanto, el tribunal de apelación envió el caso a Rayes para que lo examinara de cerca. Rayes ha reservado 10 días para escuchar pruebas. La ley penaliza lo que había sido una práctica de grupos cívicos y políticos de salir a ver si la gente que había solicitado votaciones tempranas había recordado devolverlas por correo. Si no lo hubieran hecho, los miembros del grupo se ofrecían a llevarlos al propio lugar de votación. Ahora, tal acción podría resultar en una presunción de un año de prisión y una posible multa de $150,000.La legislación se basa en reclamaciones de fraude o, al menos, en el potencial para ello. Spiva dijo que tiene la intención de probar que “no hay evidencia de fraude en el registro legislativo. Y no hay evidencia en ninguna parte”. Pero los republicanos sostienen que no necesitan pruebas de fraude real para justificar la ley. Agne dijo que el estatuto está justificado porque ayuda a proteger contra el fraude electoral. Spiva tiene otro argumento. Dijo que la evidencia demostrará que la ley de Arizona tiene un impacto desproporcionado en las minorías, lo que significa que va en contra de las leyes federales de derechos de voto.
Realmente resulta una aberración, que en el país que se precia de ser el defensor de las democracias, se recurra a tantos trucos y triquiñuelas para burlar la voluntad de quienes no forman parte de GOP, algo que realmente apesta. ¡Y dígalo, que yo lo dije!