La medida de ‘cero tolerancia’ ordenada por el presidente Trump y el fiscal general Sessions de presionar a las familias de los inmigrantes separando a los padres de los hijos, ya rindió frutos, si así se le puede llamar: un inmigrante hondureño que fue separado de su familia, se suicidó en su celda. Y aunque a los diseñadores de política migratoria de la Administración Trump, eso parece no haber causado ningún impacto, dejando de manifiesto lo que para ellos vale la vida humana, la fracción demócrata del Senado si que fue sacudida por las noticia.
Y por principio de cuentas, este martes 12 de junio, exigieron la aprobación
de una medida que ponga fin inmediato a esa práctica en la frontera. Tal medida, que ya desde la semana pasada había sido presentada por la senadora demócrata por California Dianne Feinstein, de inmediato obtuvo el apoyo de 31 demócratas, pero ni un solo republicano la ha hecho suya, y podría ni siquiera ser sometida a votación.
Feinstein, quien ofreció una rueda de prensa advirtió que esa política tendría resultados funestos. “Este no es el EEUU que conocemos y estamos acá para intentar ponerle freno (a la práctica)… la Administración argumenta que la ley exige la separación de familias, pero déjenme ser clara, eso es falso”, dijo.
“Ninguna ley requiere esta acción, y la Administración Trump debe revertir esta política hoy. Los niños están aterrorizados, los padres están desconsolados, y se está destruyendo a las familias”, agregó Feinstein.
Su proyecto de ley, titulado “Acta para Mantener Juntas a las Familias”, prohibiría que, salvo algunas excepciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda separar a las familias al ser detenidas en la frontera, o en una periferia de 100 millas dentro de la zona fronteriza. La medida permitiría separar a los niños si un tribunal estatal elimina los derechos de tutela de un padre por el bienestar del menor; si las autoridades no pueden establecer los vínculos familiares, o si sospechan que el menor ha sido víctima de tráfico de personas o está en riesgo de serlo. También lo permitiría si el menor corre peligro de abuso o negligencia a manos de sus padres o guardianes legales, o si es un peligro para sí mismo o los demás.
El caso que activo a los senadores demócratas fue el de Marco Antonio Muñoz, un inmigrante hondureño que se suicidó en una cárcel en Texas el mes pasado, dos días después de que fue separado de su esposa e hijo de tres años. Los senadores demócratas Richard Blumenthal, Jeff Merkley y Kamala Harris, también denunciaron la práctica de separar a las familias, que afronta la repulsa de organizaciones médicas y organismos defensores de los derechos humanos dentro y fuera de EEUU. Los tres condenaron la decisión de Sessions de negar asilo a personas que huyen de la violencia, y Blumenthal en particular dijo que el fiscal general tendrá “sangre en sus manos”.
Merkley, quien visitó el pasado fin de semana un centro en el que encontró a niños en “jaulas”, dijo que, en la era de Trump, “la Estatua de la Libertad no tiene una antorcha sino un par de esposas”. Harris también ha acusado a la Administración de cometer abusos a los derechos humanos de los inmigrantes.
La semana pasada, 113 organizaciones locales, estatales y nacionales enviaron una cartaal presidente Donald Trump para exigir un alto a la práctica, al señalar que ésta no fortalece la seguridad nacional sino que “traiciona los profundos valores estadounidenses”. Esa política “es cruel e inhumana, se la ha inventado la Administración, y los legisladores de ambos partidos deben poner freno a esta indignante política”, dijo a la prensa Vanita Gupta, presidenta de la “Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos” (LCCHR), uno de los firmantes de la carta.
En sentido contrario a los esfuerzos de Feinstein, una medida republicana del legislador Bob Goodlatte apretaría las tuercas contra la inmigración ilegal y restringiría aún más las visas para la inmigración legal. Sólo que en la Cámara de Representantes, tampoco hay consenso sobre el rumbo de las negociaciones migratorias, y los demócratas aún necesitan tres firmas, de un total de 218, en una petición especial para obligar a un voto sobre el futuro de DACA.
Los demócratas deben reunir las 218 firmas para que la Cámara Baja pueda programar un voto sobre inmigración antes de fin de mes, de lo contrario, el esfuerzo quedaría sepultado. ¡Y dígalo, que yo lo dije!